El día 4 de marzo se publicó en el BOE la “Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, ley que contempla el llamado “cuarto supuesto”, aquel referido a la interrupción del embarazo por razones socio-económicas hasta entonces no recogidas en nuestra legislación ( los tres supuestos admitidos conforme a la Ley 9/1985 eran: grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto).
La despenalización del cuarto supuesto - que no ha hecho más que establecer seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo conforme sentencia de 20 de marzo de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos «en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada».
Con ello se ha modificado el artículo 145 del Código Penal (con el fin de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley eliminando la previsión de pena privativa de libertad, por un lado y, por otro, para precisar la imposición de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos )lo que ha provocado las reacciones esperadas en los sectores más conservadores de la sociedad, con múltiples manifestaciones antiabortistas en varias ciudades españolas hace un par de fines de semana, incluyendo, entre los manifestantes, a numerosos miembros del PP ( Cospedal, Aguirre, Mayor Oreja…) y al ex presidente José María Aznar el cual expresó su rechazo a una reforma que “sobre pasa todos los límites”. Sorprende que, en los ocho años que fue presidente, no sólo no modificó la Ley del 85 sino que, en palabras de la ministra Bibiana Aído, se realizaron más de medio millón de interrupciones del embarazo.
Asimismo, múltiples asociaciones pro-vida así como la propia Iglesia Católica salieron a la calle con pancartas y reclamos acerca de esta ley que promueve « la vida, alegre y divertida» o «Zapatero, tu madre no abortó».
Estas asociaciones, manifestantes, instituciones religiosas y partido conservador ante argumentos y exposiciones que si bien abogan por el derecho a la vida ( recordemos, no obstante, que la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer) consideran que el despenalizar el aborto practicado en determinados plazos, puede suponer un aumento de los mismos como método anticonceptivo y forma de planificación familiar.
Sin embargo, el supuesto considerado como “terapéutico” por motivos psicológicos de la Ley del 85, ha servido como excusa para la práctica de la inmensa mayoría de los abortos llevados a cabo en este país, realizados, eso sí, en clínicas privadas. Es un hecho constatable la “libre” práctica de abortos realizados amparándose en este primer supuesto ( salud psíquica de la embarazada) que ha servido como “cajón de sastre” para no ampliar la legislación del aborto mediante esa conocida táctica del avestruz de“ si no se habla, no sucede”, la cual supone unos 19.000 abortos al año sólo en Andalucía. Lo que antes suponía un coladero para la interrupción del embarazo aduciendo motivos psicológicos de necesaria constatación en hospitales públicos ahora, con la nueva ley, se ofrece seguridad jurídica y médica ante una difícil decisión. La mujer encontrará respaldo médico y psicológico en centros de la red sanitaria pública sin tener que acudir a clínicas privadas y de una manera “clandestina”. ¿ A quién puede perjudicar que la mujer se vea respaldada y amparada jurídicamente?.
No obstante, y esto como reflexión personal, me queda un poso amargo con esta reforma ( que considero muy necesaria), y es que, ante una decisión indeseable de practicar un aborto, siento que falla la política de planificación familiar promovida por la Administración - responsabilidad compartida con la institución familiar - y por tanto, se produzca un aumento considerable de embarazos no deseados en adolescentes y en el número de abortos. Ese fracaso en la política de prevención debiera darnos qué pensar al respecto, al margen de cuestiones religiosas o ideológicas.
Porque como bien se dice, prevenir antes que curar. En este caso, prevenir antes que abortar.
Eva Martínez Acón.
