A BABA DA MENTIRA A PROL DA PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE

Que se calumniase a Luis Montes, Xefe de Servizo de Urxencias do Hospital Severo Ochoa de Leganés non é un acto casual nin caprichoso, obedece a unha estratexia: desprestixiar a sanidade pública, crear desconfianza nela para favorecer a súa privatización.

O Goberno de Esperanza Aguirre está a mercantilizar a sanidade a través dunha serie de operacións destinadas a transferir renta pública a capital privado, aplicando medidas desreguladoras que están ocasionando a ruptura do aseguramento público e único. E para conseguir a rentabilidade do sector estase a recorrer á subcontratación de servizos sanitarios esenciais, á concertación con empresas privadas e ao fomento da actuación de empresas aseguradoras.

Segundo datos de UGT (non esquezamos cal é o noso sindicato) nos últimos catro anos os concertos na sanidade madrileña medraron un 76’27%. No ano 2004 destinaronse 531 millóns de euros á asistencia sanitaria gratuita en centros privados (concertos) e no 2008 939 millóns. Asemade informa UGT que o número de madrileños que adquiriron un seguro privado pasou do 21’6% en 2005 a un 29’5% en 2006, (o caso do Severo Ochoa estoupou en marzo de 2005).

A última iniciativa de Espe consiste en converter en empresas públicas todos os hospitais públicos. Unha disposición adicional da Ley de Acompañamiento aos Orzamentos da Comunidade Autónoma de Madrid (CAM) de 2007 permite que os hospitais públicos da CAM sexan xestionados como empresas privadas. Isto quere dicir que os centros poderán contar con personalidade xurídica e orzamentos propios. É dicir, os centros deberán responsabilizarse dos seus fondos de forma independiente, poderán endebedarse como calquera empresa privada e farán a súa propia selección de persoal á marxe dos mecanismos regulares establecidos pola Administración.

Esta iniciativa é unha utilización perversa do modelo de empresa pública pois abre a vía da privatización e ten unhas consecuencias claras que xa se están a comprobar en hospitais como o de Alcorcón e Fuenlabrada: un menor número de camas, de quirófanos e de profesionais e polo tanto un menor número de intervencións e consultas.

¿Quen se beneficia destas medidas? Pois, por exemplo, o grupo Capio Sanidade, propietario do Hospital Infanta Elena en Valdemoro e da Fundación Jiménez Díaz en Madrid e por suposto as compañías aseguradoras. Desde logo quen non se beneficia é o pobo da comunidade de Madrid, que non é parvo e así o manifestou nunha enquisa: somentes o 36’93% dos madrileños cren que mellorou o funcionamento dos servizos sanitarios desde que se produciron as transferencias.

Nota: Adico este artigo a Luis Montes e o seu equipo. Xa sei, que o mal que vos fixeron nunca se poderá reparar, xa sei que quizais non cheguedes a ler este humilde artigo deste humilde blog, de todas maneiras unha aperta, compañeiros.


Sempre socialista mais sempre en galego, Damasceno Monteiro.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

Esta señora es una irresponsable.

La Sanidad debe ser sostenible, pero no está para funcionar con una lógica empresarial (más allá del eterno debate sobre el nivel de dedicación de los funcionarios), pero a nivel financiero, sobre el total de la financiación pública, la Sanidad exclusivamente debe ser sostenible, y ni mucho menos debe aspirar a tener beneficios, porque no es un negocio; es un derecho de los ciudadanos, por cierto, un derecho constitucional.

Yo exigiría que el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicase la contabilidad del sistema sanitario: cuanto dinero invierten de los contribuyentes en el sistema, cuanto gastan las empresas concesionarias, cual es la diferencia y cual es la rentabilidad de las mismas.

No se porqué, pero me da la sensación de que si esas empresas se están llevando una tajada, es porque la diferencia entre lo que gasta la administración, y lo que gastan dichas empresas, se lo están ahorrando en servicios para los ciudadanos... si no, las cuentas no cuadran.

Es una cuestión de transparencia democrática, es una exigencia para todo gobierno democrático, y yo exigiría que publiquen esas cuentas con detalle.

Si la señora Aguirre está dilapidando el dinero de los contribuyente en un sistema que no funciona, y aún encima lo hace con oscurantismo, no solo será una mala gestora, si no además su calidad democrática podrá ser puesta en cuestión.

Ni que decir tiene que lo que han hecho con los profesionales de la medicina en Madrid no tiene nombre.

Saludiños.

Anónimo dijo...

Por cierto, conviene recordar que esas aventuras privatizadoras ya las inició Romay Beccaría cuando era Conselleiro de Sanidade con lamentables resultados, se incrementó el despilfarro de recursos públicos a la vez que empeoraba la atención sanitaria. Como es habitual en el PP le premiaron con el Ministerio del Ramo.

Anónimo dijo...

La política de concertación constituye la vía conspiratoria que los liberal-conservadores abren para llevar a cabo su idea de la sociedad sin enfrentarse a la idea de sociedad que los ciudadanos desean en la Europa continental: el Welfare State. Aminorar su extensión supone un coste electoral que ningún partido puede enfrentar. Con buena dosis de ingenuidad y no poca mala fe, concluyen: si privatizamos el servicio sin negarlo conseguimos ambos objetivos. La mala fe consiste en el engaño, decirnos que el Estado provee ya que paga la factura; la ingenuidad consiste en pronosticar que los servicios prestados no se verán afectados por la visión de la iniciativa privada.

Es una cuestión de visiones enfrentadas que ocupa y ocupará el debate social: si el Estado gestiona el servicio, el servicio se ajusta al derecho del ciudadano y el presupuesto queda en el segundo orden de prioridades.

Si por el contrario, es la empresa privada quién provee, será el presupuesto lo que oriente la visión, ya que la necesidad de aumentar el beneficio predispone toda actividad a reducirlo en beneficio del empresario, lo que llevará muchas veces a “olvidarse” de los derechos del ciudadano. Es sólo un matiz, pues en ambos casos tanto la calidad del servicio, los derechos del ciudadano y el presupuesto están encima de la mesa, pero, y habida cuenta la subjetividad humana, la acción se ve condicionada. Los datos del compañero Damasceno corroboran la descripción.

Saludos socialistas

Anónimo dijo...

Muy bueno el artículo Damasceno. No debemos olvidar lo que ha pasado. A esa fanática y su panda de necios se les debería caer la cara de vergüenza. ¿Responsabilidad?
¡Qué responsabilidad a los que ni siquiera son capaces de farfullar una disculpa!

Aclaración para MNR: la sanidad no es un derecho constitucional.

Anónimo dijo...

Al anónimo:

Existe algo más que el derecho universal a la protección de la saludad, existe un concepto más amplio que el que puede existir en Francia o el Reino Unido, el de la Seguridad Social.

En 1989 se aprueba la Ley que desarrolla el artículo 43 de la Constitución, extendiendo la Seguridad Social (figura ya existente en el franquismo pero inapropiada para una democracia) a todos los ciudadanos, trabajen, o hayan trabajado, o no trabajen o hayan trabajado.

Dicha interpretación constitucional no es baladí; forma parte del consenso constitucional, y es esa interpretación la que sirve, de la misma manera que la izquierda no podría darle la interpretación que le de la gana, si quisiera, a los artículos que asientan la libre empresa, o la figura de la propiedad privada.

Existe jurisprudencia sobrada al respecto que determina que así debe ser interpretado dicho artículo y las leyes que la desarrollan, y ese debe ser el compromiso de las instituciones, para garantizar en la práctica dicho derecho constitucional.

Eso nadie lo cuestiona.

Si a alguien, se le pasa ni siquiera remotamente por la cabeza, cuestionar el artículo 43 de la Constitución, el PSOE puede, moral, política, e históricamente, impugnar la Carta Magna, y por lo tanto retirarle su legitimidad política; los ponentes de la izquierda aportaron dichos artículos en un solo sentido de su interpretación, por eso las Constituciones sirven, porque son un consenso de contenidos, y no solo de letra.

La sanidad en España es universal, y lo es porque lo dicta la Constitución, aunque gobernara el Partido Popular no podría retirar tal derecho a los españoles, en todo caso, puede, como bien explica CRB, realizar extrañas transformaciones en la gestión, que normalmente derivan en la creación de chiringuitos para tres o cuatro, y resta calidad al servicio.

Anónimo dijo...

Me alegro de que hayas recordado ese tema tan oscuro, Damasceno.
Es verdaderamente preocupante que esa señora haya lanzado una caza de brujas contra el Dr.Montes y otros profesionales sanitarios. La consecuencia es que cualquier médico que tenga que aplicar sedación a un enfermo terminal se lo piense dos veces y el que sufra sea el paciente.
La forma en la que ha actuado Esperanza Aguirre en este tema demuestra lo que se puede esperar de ella y de los que la rodean.

Anónimo dijo...

Lo que no tiene nombre es el cristo que le están montando a la Consellería de Sanidade un grupito de médicos de atención primaria. Me sumo a sus peticiones de que se amplíen los medios en atención primaria, eso siempre es bueno, aunque yo en mi centro de salud no tengo queja alguna, pero lo que no puedo tolerar es que al final se trate de lo de siempre con los galenos: de que les suban el sueldo, es la única manera que entienden muchos de ellos de mejorar la sanidad, vergonzoso, no olvidemos que un médico de la sanidad pública tiene ingresos bastante superiores a la media y puesto de trabajo asegurado, algo que con frecuencia olvidan.

Anónimo dijo...

Algo parecido al numerito que le están montando a javier Losada con los realojos de Penamoa, pura demagogia,y algo a vigilar ya que el PP cada vez tiene más predicamento en las asociaciones de vecinos y les viene especialmente bien estas polémicas.

Anónimo dijo...

Me sumo al anónimo anterior para decir que es muy injusto que se intente dañar la imagen del alcalde enredando y manipulando con el tema del realojo de Penamos. Sería interesante saber quién está detrás de todo ese operativo, obviamente interesado, aparte, claro está, de determinado medio de comunicación local, el mismo que hoy publica un (otro más) artículo denostando la figura del alcalde.
Por otro lado, protestas como la de sanidade son injustificables, exactamente igual que la de los funcionarios de justicia. Ver a un funcionario manifestarse para pedir una subida de sueldo, estando como está el mercado laboral, es francamente vergonzoso.