CON S DE SANTIDAD

En época de beatificaciones a granel, fútil argumento político, diría el cínico Buñuel: “soy ateo, gracias a Dios”. Quizás Dios también es ateo, Buñuel, porque, si creyese en sí mismo como un ser superior, estaría pecando de soberbia y Dios no peca. Dejemos a Dios en las alturas. Aquí abajo, ser ateo o creyente es un derecho humano. En esta aldea global, creada o no por Dios, y organizada o desorganizada por los hombres, sólo los más avanzados adoptan la democracia como el sistema de gobierno que mejor garantiza los derechos. Sin embargo, la democracia no es el individuo; no tienen idénticas características. La democracia no puede ser atea, agnóstica, pagana o creyente. La democracia, por definición, implica la intervención del hombre, como pueblo, en su propio gobierno. El pueblo se compone de hombres sin o con creencias religiosas; en este caso, además, variadas, relativizadas, personalizadas. Por eso, la democracia ha de ser laica. Por eso, no tenía razón Lévy cuando decía que la democracia es esencialmente atea y sí cuando decía que es el primer régimen que prescinde absolutamente de la religión.

Siendo así, ¿por qué los próceres de la Iglesia interfieren continuamente en nuestra democracia? Una puerta abierta a las interferencias es el artículo 16 de la Constitución, que garantiza que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y también que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” ¿Cuestión de legitimidad o de legitimación? ¿Cuestión de fe? ¿Cuestión de concordatos anacrónicos? La Constitución no está para resolver dudas existenciales, sino para establecer los derechos y deberes del ordenamiento político y social, aunque algunos proclamen que éstos estaban ya contenidos en el orden de la Creación. La Carta Magna no es una carta blanca para que la Iglesia trate de imponer sus preceptos a los ciudadanos, creyentes o no, de un país donde la democracia ha sido una conquista humana, no divina.

Somos ciudadanos de España, no del Vaticano. Si fuésemos ciudadanos del Vaticano, tendríamos que asumir la teocracia del actual estado pontificio, que nació en 1929 por acuerdo entre Mussolini y Pío XI. En 2001, por orden de Juan Pablo II, entró en vigor una nueva Ley Fundamental del Estado, cuyo primer artículo, por si había dudas sobre una posible adaptación a los tiempos, deja claro que “el Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”. Negro sobre blanco, una perfecta definición de dictadura, que Benedicto XVI no se ha cuestionado ni como duda bizantina, ya que considera que, gracias al omnímodo poder papal, la Santa Sede es más sede santa que nunca. Sobran, pues, las lecciones de democracia y ciudadanía viniendo de donde vienen, ya sea por vía de la Providencia, la Conferencia Episcopal o la Embajada.

Tal concentración de poderes en una persona podría preocupar, si no fuera porque el Papa es infalible. Su infalibilidad le permite gobernar sin errores no sólo esa pequeña ciudad-estado dictatorial, sino la gran nación sin estado del Pueblo de Dios, cuyas jerarquías eclesiásticas interfieren en los gobiernos de aquellas naciones-estado con instituciones políticas que muestran síntomas de debilidad democrática. Tal condición de infalibilidad no es innata, ni adquirida personalmente; la tiene el Papa desde el momento en que se le impone al Espíritu Santo como asesor cualificado. Asesor que para sí querría Zapatero. Una campaña “Con S de Santidad” tendría, sin duda, más fuerza interior que “Con Z de Zapatero”. Para unos, con S de santidad, de solemnidad, de serenidad, de simplicidad. Para otros, con S de sinrazón, de superstición, de segregación, de subvención. Para mí, con S y Z de sensatez.

(Publicado en “La Opinión 13-11-07")

Pedro Armas