El capital no tiene patria. Este axioma neoliberal ha sido utilizado en multitud de ocasiones para justificar o explicar deslocalizaciones empresariales como las que han ocurrido y ocurren con tantas empresas gallegas. Según esa visión, sería económicamente positiva la venta de una empresa de capital gallego (o de cualquier otro sitio) porque el dinero se quedaría en manos de los vendedores que lo reinvertirían creando otras empresas y obtendrían, de paso, una plusvalía. La movilidad de los capitales (como la de las mercancías) sería así una buena y lógica consecuencia de la mano invisible del mercado y los gobiernos deberían abstenerse cuando llega una empresa de fuera a comprar una de dentro. Lo mismo debería suceder cuando una empresa de fuera quiere vender dentro.
Pero lo cierto es que eso no sucede así en la generalidad de los casos, por ejemplo en el estadounidense, extraordinariamente liberal cuando se trata de impulsar sus exportaciones o compras en el extranjero pero muy reacio cuando se trata de dejarse comprar sus empresas o de abrir sus mercados (maestros en el uso de lo que se llaman barreras técnicas: el jamón español entra con cuentagotas porque hace unos 25 años hubo aquí una epidemia porcina). Tampoco en los países con gobiernos de centro derecha de la UE como Alemania, Francia o Italia, donde, para el capital extranjero, comprar un banco, una empresa energética o cualquiera de sus “campeones nacionales” es equivalente a escalar el everest en ropa de verano y sin oxígeno.
Con la reciente entrada en vigor del FROB (Fondo de reestructuración ordenada bancaria ) se prevé inyectar 9000 millones de euros en el sistema financiero español en forma de emisión de títulos, avales, etc y una de sus modalidades consiste en el apoyo a procesos de fusión entre entidades. La justificación del Fondo es que, como cualquier operador económico sabe, los bancos y cajas españoles se enfrentan a serias dificultades derivadas del enladrillamiento de sus balances en forma de créditos hipotecarios y los llamados “créditos promotores”. Así, se considera que el sistema financiero español está claramente sobredimensionado y se prevé reducir el número de cajas de las 45 actuales a unas 15 o 20 al final del proceso.
En este contexto, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la posibilidad de fusionar Caixa Galicia con Caja Madrid y la CAM y de que esta sería una opción estratégica de los "cerebros" económicos del PP, con Rajoy al frente y Montoro detrás. Directamente, esa opción sería un desastre para Galicia, que vería como su principal actor financiero se convierte en cola de león con todo lo que ello supone (como ejemplo de por donde van los tiros en estos casos tenemos a Unión Fenosa, que ha acabado en manos catalanas y perdido cualquier vinculación con Galicia, incluida su sede). Para Caixanova, más pequeña que Caixa Galicia, las opciones serían todavía peores.
Por eso parece claro que la única opción posible sería la fusión entre ambas cajas, que daría lugar a una gran caja gallega bien posicionada en el sistema español, con mayores posibilidades de expansión gracias a su tamaño (por ejemplo, podría explorar el mercado de los gallegos emigrados a Latinoamérica , algo que todavía no han hecho por separado más que de forma incipiente y deslabazada) y que podría afrontar con garantías un proceso de reducción de plantillas y sucursales que resulta poco menos que inexorable dada la situación del sector.
Frente a esta posibilidad, la mayor resistencia deriva del clásico fantasma gallego del localismo, la vieja pugna entre ciudades que deberían cooperar y ser complementarias en vez de mirarse de reojo. Dado que el mayor peso en activos y facturación corresponde a Caixa Galicia, aproximadamente el doble que Caixa Nova, un punto de partida claro sería que la sede de la caja resultante se quedase en La Coruña. A partir de ahí, se ha apuntado que la corporación industrial podría quedarse en Vigo y la obra social en Santiago. Respecto a esto último, no me parece razonable que la obra social de la nueva caja se instalase en una ciudad que, a diferencia de Vigo y, sobre todo, La Coruña, no tiene tradición bancaria y que no parece que tenga que reivindicar nada en el proceso desde el punto de vista del reparto de sedes y puestos de trabajo. En todo caso, cualquier solución sería preferible que la fusión de las cajas gallegas con cajas foráneas, salvo que fueran las nuestras las dominantes en el proceso, algo que, a día de hoy, no se plantea y que todas las comunidades autónomas parecen dispuestas a impedir.
Finalmente, sería altamente deseable que la gestión de la caja resultante de este proceso, si llega a materializarse, fuese, de acuerdo con su especial naturaleza de entidad financiera de carácter marcadamente social, lo más transparente y democrática posible, tal y como contemplaba la propia Ley de Regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, promulgada en el lejano año 1985 y en abierta oposición a la práctica de las entidades gallegas, obscenamente mangoneadas por sus directivos. Hace no mucho intenté bajarme de Internet los estatutos de Caixa Galicia para desentrañar el misterio de la eternización en el cargo de su Director General, que parece que piensa transmitir el trono a sus descendientes, que trabajan, como no, en la empresa de papá. No lo conseguí. Creo que tienen el único ejemplar en la caja fuerte de la sede, a prueba de ladrones.
Pablo Arangüena
Pero lo cierto es que eso no sucede así en la generalidad de los casos, por ejemplo en el estadounidense, extraordinariamente liberal cuando se trata de impulsar sus exportaciones o compras en el extranjero pero muy reacio cuando se trata de dejarse comprar sus empresas o de abrir sus mercados (maestros en el uso de lo que se llaman barreras técnicas: el jamón español entra con cuentagotas porque hace unos 25 años hubo aquí una epidemia porcina). Tampoco en los países con gobiernos de centro derecha de la UE como Alemania, Francia o Italia, donde, para el capital extranjero, comprar un banco, una empresa energética o cualquiera de sus “campeones nacionales” es equivalente a escalar el everest en ropa de verano y sin oxígeno.
Con la reciente entrada en vigor del FROB (Fondo de reestructuración ordenada bancaria ) se prevé inyectar 9000 millones de euros en el sistema financiero español en forma de emisión de títulos, avales, etc y una de sus modalidades consiste en el apoyo a procesos de fusión entre entidades. La justificación del Fondo es que, como cualquier operador económico sabe, los bancos y cajas españoles se enfrentan a serias dificultades derivadas del enladrillamiento de sus balances en forma de créditos hipotecarios y los llamados “créditos promotores”. Así, se considera que el sistema financiero español está claramente sobredimensionado y se prevé reducir el número de cajas de las 45 actuales a unas 15 o 20 al final del proceso.
En este contexto, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de la posibilidad de fusionar Caixa Galicia con Caja Madrid y la CAM y de que esta sería una opción estratégica de los "cerebros" económicos del PP, con Rajoy al frente y Montoro detrás. Directamente, esa opción sería un desastre para Galicia, que vería como su principal actor financiero se convierte en cola de león con todo lo que ello supone (como ejemplo de por donde van los tiros en estos casos tenemos a Unión Fenosa, que ha acabado en manos catalanas y perdido cualquier vinculación con Galicia, incluida su sede). Para Caixanova, más pequeña que Caixa Galicia, las opciones serían todavía peores.
Por eso parece claro que la única opción posible sería la fusión entre ambas cajas, que daría lugar a una gran caja gallega bien posicionada en el sistema español, con mayores posibilidades de expansión gracias a su tamaño (por ejemplo, podría explorar el mercado de los gallegos emigrados a Latinoamérica , algo que todavía no han hecho por separado más que de forma incipiente y deslabazada) y que podría afrontar con garantías un proceso de reducción de plantillas y sucursales que resulta poco menos que inexorable dada la situación del sector.
Frente a esta posibilidad, la mayor resistencia deriva del clásico fantasma gallego del localismo, la vieja pugna entre ciudades que deberían cooperar y ser complementarias en vez de mirarse de reojo. Dado que el mayor peso en activos y facturación corresponde a Caixa Galicia, aproximadamente el doble que Caixa Nova, un punto de partida claro sería que la sede de la caja resultante se quedase en La Coruña. A partir de ahí, se ha apuntado que la corporación industrial podría quedarse en Vigo y la obra social en Santiago. Respecto a esto último, no me parece razonable que la obra social de la nueva caja se instalase en una ciudad que, a diferencia de Vigo y, sobre todo, La Coruña, no tiene tradición bancaria y que no parece que tenga que reivindicar nada en el proceso desde el punto de vista del reparto de sedes y puestos de trabajo. En todo caso, cualquier solución sería preferible que la fusión de las cajas gallegas con cajas foráneas, salvo que fueran las nuestras las dominantes en el proceso, algo que, a día de hoy, no se plantea y que todas las comunidades autónomas parecen dispuestas a impedir.
Finalmente, sería altamente deseable que la gestión de la caja resultante de este proceso, si llega a materializarse, fuese, de acuerdo con su especial naturaleza de entidad financiera de carácter marcadamente social, lo más transparente y democrática posible, tal y como contemplaba la propia Ley de Regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, promulgada en el lejano año 1985 y en abierta oposición a la práctica de las entidades gallegas, obscenamente mangoneadas por sus directivos. Hace no mucho intenté bajarme de Internet los estatutos de Caixa Galicia para desentrañar el misterio de la eternización en el cargo de su Director General, que parece que piensa transmitir el trono a sus descendientes, que trabajan, como no, en la empresa de papá. No lo conseguí. Creo que tienen el único ejemplar en la caja fuerte de la sede, a prueba de ladrones.
Pablo Arangüena
